miércoles, 27 de julio de 2011

M-501, ¿QUÉ SERÁ DE TI?

El rocambolesco culebrón político y legal surgido alrededor del desdoblamiento de la M-501, en el oeste de Madrid, ya tiene nuevo capítulo. Y uno, además, que genera más suspense, misterio y tensión que ningún otro. Recordemos que dicho culebrón surgió en 2005 con el nefasto (siniestro, incluso) empeño de la Comunidad de Madrid de desdoblar esta carretera, dañando hábitats de gran valor (protegidos por la legislación española y comunitaria), para favorecer los intereses urbanísticos de los alcaldes del occidente de la región. Esta trama llena de recovecos oscuros ha estado protagonizada por personajes muy conocidos en el panorama político madrileño y nacional. Por ejemplo, fue De Cospedal, ligada al Ministerio de Interior, siendo ministro Ángel Acebes, la que impulsó el desdoblamiento de la carretera, tras asumir Consejería de Transportes e Infraestructuras, en diciembre de 2004. Al mismo tiempo la Consejería paralizó el proyecto denominado “Ensanche y Mejora de la M-501”. Este proyecto se aprobó en diciembre de 2003 y, en 2004, ya estaba en fase de expropiación. Consistía en mejorar la seguridad de la carretera sin necesidad de desdoblarla (sustitución de cruces por rotondas, construcción de carriles de adelantamiento en zonas concretas, etc).

Numerosos episocios se han sucedido desde entonces. El proyecto, aprobado por políticos electos conscientes de la ilegalidad de sus actos, no sólo escandalizó a mucha gente que, como un servidor, vivimos preocupados por los avatares de nuestro medio ambiente y la fragilidad de nuestro sistema democrático o pseudodemocrático. También alarmó mucho a la Unión Europea, y provocó la denuncia de los ecologistas. Tras una sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre anunció (con el estilo que la caracteriza) que no pensaba cumplir con lo que le exigía la ley. Y más aún, que continuaría ampliando el desdoblamiento. Esto pasó sin pena ni gloria ante una opinión pública aún muy adormecida, que no se alarmó colectivamente ante la evidencia de que, en realidad, no vivimos en un estado de derecho.

Sin embargo las cosas se han ido complicando para los promotores de este insulto a la legalidad y al imperio de la ley (que ya es en sí muy endeble). El asuntó llegó al Tribunal Supremo, que acabó dictando una sentencia en la que obligaba a la CAM a devolver la zona a su estado original (lo que no dice es cómo). Y ahora nos encontramos con esta noticia (M-501, ¿qué será de ti?):


El Tribunal ordena la ejecución forzosa de la sentencia de la M-501

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena a la Comunidad de Madrid la ejecución forzosa de la sentencia que declara nulos los acuerdos que permitieron el desdoblamiento de la carretera M-501 e insta a la restitución de los terrenos a su estado inicial. El plazo concedido para informar de las medidas adoptadas es de quince días y el incumplimiento del acuerdo judicial puede conllevar multas coercitivas para las autoridades, funcionarios y agentes responsables, así como derivar en responsabilidad penal.

El pasado 12 de junio se cumplió el plazo legal concedido para que la Comunidad de Madrid cumpliera de forma voluntaria con la sentencia firme emitida por el Tribunal Supremo sobre el desdoblamiento de la carretera M-501. Transcurrido el plazo sin que se haya cumplido la sentencia, el pasado 2 de julio Ecologistas en Acción, solicitó la ejecución forzosa.

Ante esta situación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante acuerdo de 15 de julio de 2011, notificado a Ecologistas en Acción el 26 de julio de 2011, ha ordenado a la Comunidad de Madrid la ejecución forzosa de la sentencia que declara nulos los acuerdos que permitieron el desdoblamiento de la carretera M-501 e insta a la restitución de los terrenos a su estado inicial.

El plazo para que la Comunidad de Madrid informe al Tribunal Superior de Justicia de las medidas adoptadas es de quince días (plazo que cumplirá a mediados del mes de septiembre al considerarse inhábil el mes de agosto). A partir de ese momento, el incumplimiento del acuerdo judicial puede conllevar, previo apercibimiento del secretario judicial y audiencia de las partes, la adopción de medidas necesarias para su efectividad, multas coercitivas para las autoridades, funcionarios y agentes responsables, así como derivar en responsabilidad penal. Así consta en el acuerdo tomado por el Tribunal.


Ecologistas en Acción valora muy positivamente el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y espera que la Comunidad de Madrid cumpla con el mandato legal sin más dilación. Este acuerdo judicial deja en evidencia la falsedad de las declaraciones de algunos responsables políticos del Gobierno Regional, entre ellos el vicepresidente primero Ignacio González, el ex vicepresidente segundo Francisco Granados y el ex consejero de transportes José Ignacio Echeverría que han negado reiteradamente la obligación de cumplir con la sentencia.

http://ecologistasenaccion.org/article21102.html