El rocambolesco culebrón político y legal surgido alrededor del desdoblamiento de la M-501, en el oeste de Madrid, ya tiene nuevo capítulo. Y uno, además, que genera más suspense, misterio y tensión que ningún otro. Recordemos que dicho culebrón surgió en 2005 con el nefasto (siniestro, incluso) empeño de la Comunidad de Madrid de desdoblar esta carretera, dañando hábitats de gran valor (protegidos por la legislación española y comunitaria), para favorecer los intereses urbanísticos de los alcaldes del occidente de la región. Esta trama llena de recovecos oscuros ha estado protagonizada por personajes muy conocidos en el panorama político madrileño y nacional. Por ejemplo, fue De Cospedal, ligada al Ministerio de Interior, siendo ministro Ángel Acebes, la que impulsó el desdoblamiento de la carretera, tras asumir Consejería de Transportes e Infraestructuras, en diciembre de 2004. Al mismo tiempo la Consejería paralizó el proyecto denominado “Ensanche y Mejora de la M-501”. Este proyecto se aprobó en diciembre de 2003 y, en 2004, ya estaba en fase de expropiación. Consistía en mejorar la seguridad de la carretera sin necesidad de desdoblarla (sustitución de cruces por rotondas, construcción de carriles de adelantamiento en zonas concretas, etc).
Numerosos episocios se han sucedido desde entonces. El proyecto, aprobado por políticos electos conscientes de la ilegalidad de sus actos, no sólo escandalizó a mucha gente que, como un servidor, vivimos preocupados por los avatares de nuestro medio ambiente y la fragilidad de nuestro sistema democrático o pseudodemocrático. También alarmó mucho a la Unión Europea, y provocó la denuncia de los ecologistas. Tras una sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre anunció (con el estilo que la caracteriza) que no pensaba cumplir con lo que le exigía la ley. Y más aún, que continuaría ampliando el desdoblamiento. Esto pasó sin pena ni gloria ante una opinión pública aún muy adormecida, que no se alarmó colectivamente ante la evidencia de que, en realidad, no vivimos en un estado de derecho.
Sin embargo las cosas se han ido complicando para los promotores de este insulto a la legalidad y al imperio de la ley (que ya es en sí muy endeble). El asuntó llegó al Tribunal Supremo, que acabó dictando una sentencia en la que obligaba a la CAM a devolver la zona a su estado original (lo que no dice es cómo). Y ahora nos encontramos con esta noticia (M-501, ¿qué será de ti?):
El Tribunal ordena la ejecución forzosa de la sentencia de la M-501
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena a la Comunidad de Madrid la ejecución forzosa de la sentencia que declara nulos los acuerdos que permitieron el desdoblamiento de la carretera M-501 e insta a la restitución de los terrenos a su estado inicial. El plazo concedido para informar de las medidas adoptadas es de quince días y el incumplimiento del acuerdo judicial puede conllevar multas coercitivas para las autoridades, funcionarios y agentes responsables, así como derivar en responsabilidad penal.
El pasado 12 de junio se cumplió el plazo legal concedido para que la Comunidad de Madrid cumpliera de forma voluntaria con la sentencia firme emitida por el Tribunal Supremo sobre el desdoblamiento de la carretera M-501. Transcurrido el plazo sin que se haya cumplido la sentencia, el pasado 2 de julio Ecologistas en Acción, solicitó la ejecución forzosa.
Ante esta situación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante acuerdo de 15 de julio de 2011, notificado a Ecologistas en Acción el 26 de julio de 2011, ha ordenado a la Comunidad de Madrid la ejecución forzosa de la sentencia que declara nulos los acuerdos que permitieron el desdoblamiento de la carretera M-501 e insta a la restitución de los terrenos a su estado inicial.
El plazo para que la Comunidad de Madrid informe al Tribunal Superior de Justicia de las medidas adoptadas es de quince días (plazo que cumplirá a mediados del mes de septiembre al considerarse inhábil el mes de agosto). A partir de ese momento, el incumplimiento del acuerdo judicial puede conllevar, previo apercibimiento del secretario judicial y audiencia de las partes, la adopción de medidas necesarias para su efectividad, multas coercitivas para las autoridades, funcionarios y agentes responsables, así como derivar en responsabilidad penal. Así consta en el acuerdo tomado por el Tribunal.
Ecologistas en Acción valora muy positivamente el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y espera que la Comunidad de Madrid cumpla con el mandato legal sin más dilación. Este acuerdo judicial deja en evidencia la falsedad de las declaraciones de algunos responsables políticos del Gobierno Regional, entre ellos el vicepresidente primero Ignacio González, el ex vicepresidente segundo Francisco Granados y el ex consejero de transportes José Ignacio Echeverría que han negado reiteradamente la obligación de cumplir con la sentencia.
http://ecologistasenaccion.org/article21102.html
miércoles, 27 de julio de 2011
lunes, 13 de junio de 2011
EL AMAZONAS QUEDA FUERA DE LA LEY
El Amazonas queda fuera de la ley
Más de 200 personas han sido asesinadas en los últimos 15 años por conflictos agrarios - Los sicarios actúan impunemente contra los grupos antideforestación
FRANCHO BARÓN - Río de Janeiro - 12/06/2011
Las alertas se han disparado en el Amazonas brasileño tras la reciente oleada de asesinatos de activistas medioambientales. La aprobación en el Congreso de Brasilia del nuevo Código Forestal que, de recibir ahora la luz verde del Senado, legalizará la amnistía de todos los crímenes perpetrados contra la vegetación hasta 2008, ha avivado las ascuas del conflicto que desde décadas permanece latente en las reservas naturales amazónicas entre latifundistas, madereros y pequeños campesinos que pelean por la preservación del ecosistema.
Según la Comisión Pastoral de la Tierra, 214 personas han sido asesinadas en el marco de conflictos agrarios desde 1996 en el Estado de Pará, es decir, una media de 14 asesinatos al año. En el mismo periodo, más de 800 personas recibieron amenazas de muerte. Varias organizaciones ambientales y de defensa de derechos humanos alertan de que la región se está convirtiendo en una suerte de Far West amazónico, en referencia a la ausencia de ley y orden.
Entre los amenazados estaba el activista y líder comunitario José Claudio Ribeiro da Silva, que el pasado 24 de mayo perdió la vida tras recibir varios disparos. A las ocho de la mañana de aquel martes salió de su casa, en el asentamiento de Praialta-Piranheira, rumbo a la localidad de Marabá, en la frontera este del Estado de Pará. En el sillín trasero de la moto que pilotaba le acompañaba su mujer, Maria do Espírito Santo da Silva. Cuando la pareja atravesaba el puente de Nova Ipixuna, a ocho kilómetros de su casa, dos hombres descargaron sobre ellos varios cartuchos de escopeta. Ambos murieron al instante. No satisfechos con la carnicería, los sicarios se tomaron tiempo para obtener la prueba material de la ejecución: a José Claudio le cortaron una oreja y se la llevaron como trofeo de caza. Sin embargo, los asesinos seguramente no contaban con la inesperada presencia de dos testigos que presenciaron la sobrecogedora escena de principio a fin.
Uno de ellos, Erenilto Pereira dos Santos, vecino de la misma comunidad rural que José Claudio y su esposa, apareció muerto cuatro días después con las marcas inequívocas de haber recibido dos tiros en la cabeza.
"Toda la familia sabía que José Claudio recibía amenazas. Nos contaba que en cualquier momento podía morir. Incluso sabía quiénes eran las personas que lo amenazaban", narra un familiar directo del fallecido que reclama preservar su identidad. Y es comprensible que lo pida, ya que en esta zona del Amazonas quien osa denunciar públicamente las tropelías de los terratenientes y los madereros tiene muchas probabilidades de engrosar la lista de los nuevos candidatos a morir.
"En este momento se vive una situación de inseguridad absoluta que ya ha forzado a algunas familias a abandonar el asentamiento", explica José Batista, abogado de la Pastoral de la Tierra de Pará, "porque el clima de impunidad es total". Impunidad es una palabra clave para entender el conflicto que azota varias áreas del Amazonas: hasta ahora se trataba de una impunidad menos evidente, casi soterrada, que encontraba su reflejo en la pasividad de las autoridades locales, del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), el órgano federal que debería ocuparse de acometer la tan anhelada reforma agraria brasileña, e incluso del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA).
Pero ahora la impunidad también ha quedado oficializada tras la reciente aprobación en el Congreso de la reforma del Código Forestal brasileño que permitirá amnistiar los delitos contra la vegetación cometidos hasta julio de 2008 y que amplía las zonas agropecuarias susceptibles de ser deforestadas. El nuevo código salió adelante con 410 votos a favor y 63 en contra, lo que da buena cuenta de quién manda en Brasil cuando los intereses de los terratenientes están en juego. Incapaz de negar lo evidente, a la presidenta Dilma Rousseff no le quedó otra opción que tachar de "vergüenza para Brasil" lo aprobado por la cámara baja.
El asentamiento de Praialta-Piranheira fue instaurado en 1997 por el INCRA. Es un territorio de 22.000 hectáreas de las que el 70% eran originalmente selva virgen. "Desde entonces, los madereros y los carboneros han depredado este ecosistema hasta llegar a la situación actual, en la que no más de un 30% continúa siendo reserva", explica Batista. "Esto ha provocado que muchas de las 360 familias que viven en el asentamiento hayan abandonado las labores de recolección de frutos -castañas de cajú, cupuaçú y açaí, entre otros- para dedicarse a la agricultura, a priori una actividad mucho menos sostenible", concluye.
Poco después de iniciarse la escalada de violencia contra activistas en el Amazonas, el Gobierno de Brasilia convocó un gabinete de crisis encabezado por el vicepresidente Michel Temer en el que se decidió enviar protección a las personas amenazadas. Los equipos ya han llegado al terreno y han iniciado reuniones con los colectivos afectados, aunque muchos de ellos dudan de la efectividad de la medida. "Es muy complicado proteger a un campesino, ya que son personas que están acostumbradas a moverse con libertad en un entorno natural", comenta Atanagildo Matos, líder recolector en Pará.
Cronología de una semana negra
- 24 de mayo. Mueren en una emboscada el líder campesino y activista medioambiental José Cláudio Ribeiro da Silva y su esposa, Maria do Espírito Santo da Silva. Los crímenes se produjeron dentro de la reserva Praialta-Piranheira, en el Estado de Pará, donde existe una fuerte presión de la industria maderera. A última hora del mismo día, el Congreso brasileño respaldaba por aplastante mayoría la reforma del Código Forestal que otorga una amnistía general a los crímenes contra la vegetación cometidos hasta julio de 2008 y flexibiliza las normas medioambientales.
- 27 de mayo. Muere en Vista Alegre do Abunã, en el Estado de Rondônia, el dirigente rural Adelino Ramos. El activista, que recibió varios disparos, había sido amenazado de muerte tras denunciar reiteradamente talas ilegales. Poco antes de fallecer admitió en privado temer por su vida.
- 28 de mayo. Fallece en Praialta-Piranheira (Pará), tras recibir dos disparos en la cabeza, el agricultor Erenilto Pereira dos Santos, de 25 años, testigo ocular del asesinato de José Claudio Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo.
- 30 de mayo. El Gobierno brasileño, reunido de urgencia, decide mandar protección a los campesinos y activistas amenazados de muerte y enumerados en una lista de la Pastoral de la Tierra.
Más de 200 personas han sido asesinadas en los últimos 15 años por conflictos agrarios - Los sicarios actúan impunemente contra los grupos antideforestación
FRANCHO BARÓN - Río de Janeiro - 12/06/2011
Las alertas se han disparado en el Amazonas brasileño tras la reciente oleada de asesinatos de activistas medioambientales. La aprobación en el Congreso de Brasilia del nuevo Código Forestal que, de recibir ahora la luz verde del Senado, legalizará la amnistía de todos los crímenes perpetrados contra la vegetación hasta 2008, ha avivado las ascuas del conflicto que desde décadas permanece latente en las reservas naturales amazónicas entre latifundistas, madereros y pequeños campesinos que pelean por la preservación del ecosistema.
Según la Comisión Pastoral de la Tierra, 214 personas han sido asesinadas en el marco de conflictos agrarios desde 1996 en el Estado de Pará, es decir, una media de 14 asesinatos al año. En el mismo periodo, más de 800 personas recibieron amenazas de muerte. Varias organizaciones ambientales y de defensa de derechos humanos alertan de que la región se está convirtiendo en una suerte de Far West amazónico, en referencia a la ausencia de ley y orden.
Entre los amenazados estaba el activista y líder comunitario José Claudio Ribeiro da Silva, que el pasado 24 de mayo perdió la vida tras recibir varios disparos. A las ocho de la mañana de aquel martes salió de su casa, en el asentamiento de Praialta-Piranheira, rumbo a la localidad de Marabá, en la frontera este del Estado de Pará. En el sillín trasero de la moto que pilotaba le acompañaba su mujer, Maria do Espírito Santo da Silva. Cuando la pareja atravesaba el puente de Nova Ipixuna, a ocho kilómetros de su casa, dos hombres descargaron sobre ellos varios cartuchos de escopeta. Ambos murieron al instante. No satisfechos con la carnicería, los sicarios se tomaron tiempo para obtener la prueba material de la ejecución: a José Claudio le cortaron una oreja y se la llevaron como trofeo de caza. Sin embargo, los asesinos seguramente no contaban con la inesperada presencia de dos testigos que presenciaron la sobrecogedora escena de principio a fin.
Uno de ellos, Erenilto Pereira dos Santos, vecino de la misma comunidad rural que José Claudio y su esposa, apareció muerto cuatro días después con las marcas inequívocas de haber recibido dos tiros en la cabeza.
"Toda la familia sabía que José Claudio recibía amenazas. Nos contaba que en cualquier momento podía morir. Incluso sabía quiénes eran las personas que lo amenazaban", narra un familiar directo del fallecido que reclama preservar su identidad. Y es comprensible que lo pida, ya que en esta zona del Amazonas quien osa denunciar públicamente las tropelías de los terratenientes y los madereros tiene muchas probabilidades de engrosar la lista de los nuevos candidatos a morir.
"En este momento se vive una situación de inseguridad absoluta que ya ha forzado a algunas familias a abandonar el asentamiento", explica José Batista, abogado de la Pastoral de la Tierra de Pará, "porque el clima de impunidad es total". Impunidad es una palabra clave para entender el conflicto que azota varias áreas del Amazonas: hasta ahora se trataba de una impunidad menos evidente, casi soterrada, que encontraba su reflejo en la pasividad de las autoridades locales, del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), el órgano federal que debería ocuparse de acometer la tan anhelada reforma agraria brasileña, e incluso del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA).
Pero ahora la impunidad también ha quedado oficializada tras la reciente aprobación en el Congreso de la reforma del Código Forestal brasileño que permitirá amnistiar los delitos contra la vegetación cometidos hasta julio de 2008 y que amplía las zonas agropecuarias susceptibles de ser deforestadas. El nuevo código salió adelante con 410 votos a favor y 63 en contra, lo que da buena cuenta de quién manda en Brasil cuando los intereses de los terratenientes están en juego. Incapaz de negar lo evidente, a la presidenta Dilma Rousseff no le quedó otra opción que tachar de "vergüenza para Brasil" lo aprobado por la cámara baja.
El asentamiento de Praialta-Piranheira fue instaurado en 1997 por el INCRA. Es un territorio de 22.000 hectáreas de las que el 70% eran originalmente selva virgen. "Desde entonces, los madereros y los carboneros han depredado este ecosistema hasta llegar a la situación actual, en la que no más de un 30% continúa siendo reserva", explica Batista. "Esto ha provocado que muchas de las 360 familias que viven en el asentamiento hayan abandonado las labores de recolección de frutos -castañas de cajú, cupuaçú y açaí, entre otros- para dedicarse a la agricultura, a priori una actividad mucho menos sostenible", concluye.
Poco después de iniciarse la escalada de violencia contra activistas en el Amazonas, el Gobierno de Brasilia convocó un gabinete de crisis encabezado por el vicepresidente Michel Temer en el que se decidió enviar protección a las personas amenazadas. Los equipos ya han llegado al terreno y han iniciado reuniones con los colectivos afectados, aunque muchos de ellos dudan de la efectividad de la medida. "Es muy complicado proteger a un campesino, ya que son personas que están acostumbradas a moverse con libertad en un entorno natural", comenta Atanagildo Matos, líder recolector en Pará.
Cronología de una semana negra
- 24 de mayo. Mueren en una emboscada el líder campesino y activista medioambiental José Cláudio Ribeiro da Silva y su esposa, Maria do Espírito Santo da Silva. Los crímenes se produjeron dentro de la reserva Praialta-Piranheira, en el Estado de Pará, donde existe una fuerte presión de la industria maderera. A última hora del mismo día, el Congreso brasileño respaldaba por aplastante mayoría la reforma del Código Forestal que otorga una amnistía general a los crímenes contra la vegetación cometidos hasta julio de 2008 y flexibiliza las normas medioambientales.
- 27 de mayo. Muere en Vista Alegre do Abunã, en el Estado de Rondônia, el dirigente rural Adelino Ramos. El activista, que recibió varios disparos, había sido amenazado de muerte tras denunciar reiteradamente talas ilegales. Poco antes de fallecer admitió en privado temer por su vida.
- 28 de mayo. Fallece en Praialta-Piranheira (Pará), tras recibir dos disparos en la cabeza, el agricultor Erenilto Pereira dos Santos, de 25 años, testigo ocular del asesinato de José Claudio Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo.
- 30 de mayo. El Gobierno brasileño, reunido de urgencia, decide mandar protección a los campesinos y activistas amenazados de muerte y enumerados en una lista de la Pastoral de la Tierra.
jueves, 5 de mayo de 2011
DECLARADO NULO EL PROG DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE
Adjunto nota de prensa públicada hace unas semanas sobre este asunto:
El Tribunal Superior de Justicia declara nulo de pleno derecho el PRUG del Parque Regional del Sureste
Recientemente los colectivos ecologistas ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo han tenido conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior del Justicia de Madrid (TSJM) declarando nulo de pleno derecho el Plan Rector del Parque Regional del Sureste por vulnerar el principio de jerarquía normativa, ante una denuncia de unos propietarios de suelos. Actualmente están en tramitación otras denuncias similares en el TSJM promovidas por los colectivos ecologistas contra el mismo reglamento.
El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) es el documento que regula los usos permitidos en el Parque Regional del Sureste. Este texto se aprobó a escondidas, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para permitir, entre otras cosas, la construcción de campos de golf dentro del espacio protegido. Ahora la Sección 9 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha procedido a anular el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) debido a que no se regularon indemnizaciones a los propietarios de suelos afectados por las limitaciones de caza, en concreto por la reducción de algunos cotos de caza existentes con anterioridad del reglamento. El PRUG de esta forma ha contravenido lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 6/94 del Parque Regional.
Esta sentencia pone de manifiesto la chapuza normativa dictada desde el Gobierno Regional en febrero de 2009. La vulneración de otros artículos de la propia ley del Parque Regional del Sureste ha ocasionado que estos colectivos ecologistas hayan interpuesto varias demandas judiciales por cuestiones referidas a la permisividad de la caza en zonas protegidas, al retraso en el traslado de las graveras en suelos incompatibles, a la instalación de campos de golf o al relleno de graveras con escombros y lodos de tuneladoras.
Actualmente estas demandas están siendo tramitadas en el TSJM y en los próximos meses es más que probable que surjan nuevas sentencias anulatorias de todo el texto del PRUG por igualmente vulnerar lo legislado en una norma de rango superior. En este sentido, nuevamente el Director General de Medio Ambiente, Federico Ramos, vuelve a intentar engañar a la opinión pública al declarar en El Pais1 que el recurso de los ecologistas contra el PRUG ha sido desestimado.
Comarca del Parque del Sureste, a 4 de mayo de 2011
Para más información:
Mª Ángeles Nieto 656 925 082, Raúl Urquiaga 675 569 118 y Antonio Martínez 616 179 442
http://www.elpais.com/articulo/madrid/parque/nacional/solo/cumbres/elpepuespmad/20110502elpmad_6/Tes
El Tribunal Superior de Justicia declara nulo de pleno derecho el PRUG del Parque Regional del Sureste
Recientemente los colectivos ecologistas ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo han tenido conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior del Justicia de Madrid (TSJM) declarando nulo de pleno derecho el Plan Rector del Parque Regional del Sureste por vulnerar el principio de jerarquía normativa, ante una denuncia de unos propietarios de suelos. Actualmente están en tramitación otras denuncias similares en el TSJM promovidas por los colectivos ecologistas contra el mismo reglamento.
El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) es el documento que regula los usos permitidos en el Parque Regional del Sureste. Este texto se aprobó a escondidas, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para permitir, entre otras cosas, la construcción de campos de golf dentro del espacio protegido. Ahora la Sección 9 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha procedido a anular el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) debido a que no se regularon indemnizaciones a los propietarios de suelos afectados por las limitaciones de caza, en concreto por la reducción de algunos cotos de caza existentes con anterioridad del reglamento. El PRUG de esta forma ha contravenido lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 6/94 del Parque Regional.
Esta sentencia pone de manifiesto la chapuza normativa dictada desde el Gobierno Regional en febrero de 2009. La vulneración de otros artículos de la propia ley del Parque Regional del Sureste ha ocasionado que estos colectivos ecologistas hayan interpuesto varias demandas judiciales por cuestiones referidas a la permisividad de la caza en zonas protegidas, al retraso en el traslado de las graveras en suelos incompatibles, a la instalación de campos de golf o al relleno de graveras con escombros y lodos de tuneladoras.
Actualmente estas demandas están siendo tramitadas en el TSJM y en los próximos meses es más que probable que surjan nuevas sentencias anulatorias de todo el texto del PRUG por igualmente vulnerar lo legislado en una norma de rango superior. En este sentido, nuevamente el Director General de Medio Ambiente, Federico Ramos, vuelve a intentar engañar a la opinión pública al declarar en El Pais1 que el recurso de los ecologistas contra el PRUG ha sido desestimado.
Comarca del Parque del Sureste, a 4 de mayo de 2011
Para más información:
Mª Ángeles Nieto 656 925 082, Raúl Urquiaga 675 569 118 y Antonio Martínez 616 179 442
http://www.elpais.com/articulo/madrid/parque/nacional/solo/cumbres/elpepuespmad/20110502elpmad_6/Tes
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