Históricamente, las minorías influyentes han logrado sustraer las mejores tierras (con frecuencia de uso colectivo) para enriquecerse con ellas de un modo privado. Esto viene potenciado por dos fenómenos que, a mi modo de ver, son asombrosos. El primero, es el concepto de que el territorio puede pertenecer a alguien. Desde el momento en que la tierra puede convertirse en propiedad, puede venderse, alquilarse, heredarse o acapararse, desde el momento en que se transforma en mercancía, tanto ésta como sus recursos pueden pasar a ser propiedad privada. Es asombroso que, en su momento, alguien vallara una superficie de suelo y afirmase que era suyo. Pero es más asombroso aún que los demás asumieran y aceptaran tal disparate. El segundo fenómeno asombroso, es que esta anormalidad está perfectamente garantizada por nuestro sistema legal. Sólo así se puede explicar que, durante las tres décadas de nuestra "democracia", la superficie de suelo en manos privadas no haya dejado de crecer. Y que en regiones como Andalucía, Castilla la Mancha o Extremadura, inmensas extensiones de bosques y tierras de cultivo sigan enriqueciendo (mediante su explotación agraria o cinegética, por ejemplo) a magnates y familias bien conocidos, mientras la mayor parte de su población vive en una situación de precariedad insostenible.
Pues bien, parece que esta minoría va a contar con todo el apoyo del Partido Popular manchego para hacerse con buena parte de lo que queda de territorio público (el que aún es de todos) por un módico precio:
Revelan la lista de 57 montes públicos que quiere vender Castilla-La Mancha
Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha desvelado en un informe el listado inicial de montes de utilidad pública susceptibles de venta que ha elaborado la Consejería de Agricultura de Castilla- La Mancha a instancias de la Consejería de Hacienda.
El listado es el resultado de un opaco proceso de selección de montes candidatos a la venta de entre todos los que figuran en los Catálogos provinciales de Montes de Utilidad Pública publicados en el año 2012.
No siendo un listado definitivo, sino de trabajo, puede sufrir altas o bajas en el proceso, pero por sí mismo refleja la enorme dimensión ambiental y territorial que puede alcanzar la venta de montes públicos y la tipología de terrenos que el Gobierno está dispuesto a poner en manos privadas.
De los 228 montes de utilidad pública existentes en Castilla-La Mancha, que protegen una superficie de 170.471 hectáreas, el Gobierno ha identificado en un primer momento 57, con una superficie total de 40.038 hectáreas susceptibles de venta, y ello a pesar de conocer las restricciones legales que habría para realizar dicha operación. Castilla-La Mancha está dispuesta a declarar en venta una cuarta parte de los MUP existentes en la región.
Ecologistas en Acción ha valorado el gravísimo impacto ambiental y territorial que supondría la venta de montes.
Por provincias, la más afectada en número de montes sería la de Ciudad Real, con 19 MUP preseleccionados para la venta, seguida por Albacete y Guadalajara con 13 y 11 respectivamente. En un tercer escalón queda Cuenca, con 8 montes, y Toledo con 6. Sin embargo, en proporción a la superficie de montes de utilidad pública existente, la provincia más afectada por la medida es Toledo, donde se pondrían a la venta más del 50% de las superficies de MUP existentes, seguida de Ciudad Real con casi el 30%.
Por municipios, la distribución es más equilibrada, salvo por una muy llamativa excepción. Casi todos los municipios afectados lo son por un solo MUP preseleccionado, o a la sumo dos, como son los casos de 7 municipios (Los Yébenes, Elche de la Sierra, Viso del Marqués, Puertollano, Aliaguilla, Semillas y Guadalajara). Pero en el caso del municipio de Anchuras (Ciudad Real), el número de montes preseleccionados se eleva espectacularmente a 9, que suman 4.078 hectáreas de superficie
Para el impacto ambiental se ha valorado la afección a espacios naturales protegidos y de la Red natura 2000, mostrándose un panorama desolador. De los 57 MUP incluidos en el listado, 13 se encuentran en algún tipo de espacio protegido de la red regional y 4 en refugios de fauna en vigor o recientemente descatalogados.
Es decir, cerca del 30 % de los MUP que se plantea privatizar afectan a espacios naturales, un 22 % en concreto a parques naturales y microrreservas de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla- La Mancha. Llama especialmente la atención el número y superficie de los montes afectados en los Parques Naturales de la Sierra Norte de Guadalajara (6 MUP) y del Valle de Alcudia-Sierra Madrona (3 MUP), así como las 4 microrreservas afectadas, algunas de ellas en el 100% de su superficie.
En cuanto a la Red Natura 2000 el impacto de la venta de montes sería aún mayor. Un total de 27 de los 57 montes listados están en su totalidad o en parte en espacios así catalogados, y otros 7 descansan sobre los límites geográficos de alguno de estos espacios naturales. Casi el 50% de los montes preseleccionados afectan directamente a Red Natura 2.000 y otro 12 % adicional afecta indirectamente. Un total de 18 espacios de la Red Natura 2000, 8 ZEPA y 10 LIC, se verían seriamente afectados por la venta de montes.
Se demuestra por tanto el gravísimo impacto ambiental y territorial, y también social y económico, que supondría la venta de montes públicos que planea el Gobierno de Castilla-La Mancha. Una desamortización que afectará muy especialmente a los espacios protegidos, pero también al uso público de los montes, dado que la privatización que se pretende llevar a cabo cerrará el paso a los terrenos y el acceso a los aprovechamientos de los mismos, que venían siendo disfrutados por los habitantes de los municipios en los que se ubican.
La venta de MUP sólo beneficiará a unos pocos privilegiados en detrimento del conjunto de la ciudadanía y supondría poner en cuestión el concepto de dominio público forestal.
Por último, se señala también en el informe que la amenaza de venta no sólo planea sobre los montes de utilidad pública, sino también lo hace sobre otros terrenos de titularidad de la Junta cuyo inventario se desconoce pero que en el caso de superficies forestales abarcaría más de 48.000 hectáreas. Estos terrenos corren aun más riesgo pues el amparo legal es más limitado sobre ellos, a pesar de que cumplen una función ambiental y social de primer orden.
Ecologistas en Acción reitera su demanda al Gobierno de Castilla-La Mancha de que ceje en su empeño de poner a la venta montes públicos y reclama en todo caso y más que nunca transparencia e información sobre la medida que pretende llevar a cabo.
Fuente:
http://www.ecologistasenaccion.org/article25086.html#.USISB3vJIp4.twitter
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